Una ley necesaria para una economía más justa, moderna y cohesionada

La Economía Social está llamada a ser una de las grandes palancas del desarrollo económico y social en los próximos años. Así lo defendió con claridad la profesora Maravillas Espín, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Autónoma de Madrid, durante la Jornada Inaugural del Seminario estable de Derecho Cooperativo promovido por la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la Cátedra Economía Social y Cooperativismo y ANEL, e incluida dentro de la Semana Universitaria de la Economía Social . Su intervención, bajo el título «Análisis del Proyecto de Ley Integral de Economía Social», ofreció una mirada jurídica, social y política a una iniciativa clave dentro de la estrategia de modernización legislativa del sector.

Una ley que llega en el momento justo

“El objetivo de esta norma no es romper lo que ya funciona, sino actualizar, visibilizar e impulsar un modelo que ha demostrado su solidez y valor social”, señaló Espín. El Proyecto de Ley Integral nace de la fusión de tres reformas inicialmente independientes (cooperativas, empresas de inserción y economía social) y responde a un contexto favorable tanto en España como en Europa.

“La economía social siempre ha trabajado de forma intensa, pero su visibilización ha sido uno de sus grandes retos históricos”, afirmó. La aprobación del Plan de Acción Europeo para la Economía Social en 2021 y la recomendación de 2023 sobre marcos normativos favorables han allanado el terreno, junto con la creciente atención desde Naciones Unidas y la OIT al papel del sector en la sostenibilidad y la inclusión.

En el plano estatal, Espín destacó el papel del Ministerio de Trabajo y Economía Social como impulsor clave: “El hecho de que adquiera rango de vicepresidencia y active iniciativas como la capitalidad española de la economía social supone un cambio de escala en el reconocimiento institucional del sector”.

Reforma de la Ley de Cooperativas: identidad, democracia y digitalización

Uno de los grandes bloques de la ley es la reforma de la Ley de Cooperativas, que según Espín persigue actualizar sin desnaturalizar: “Se trata de reforzar la identidad cooperativa, eliminar elementos patológicos y avanzar en digitalización sin renunciar a los principios democráticos”.

Entre las principales novedades figuran:

• La armonización de la definición de cooperativa con los principios de la Alianza Cooperativa Internacional, reforzando su valor jurídico e identitario.
• La incorporación de mecanismos digitales de participación, con exigencias en accesibilidad, transparencia y seguridad.
• Medidas para facilitar el relevo generacional, permitiendo aportaciones fraccionadas al capital para jóvenes.
• La adaptación del marco a los avances en igualdad de género, con la creación de comisiones de igualdad y planes adaptados a la singularidad cooperativa.
• El fortalecimiento del voto por representación y la posibilidad de establecer un periodo mínimo de permanencia razonable que garantice la sostenibilidad del proyecto colectivo.

Empresas de inserción: redefinir la vulnerabilidad y reforzar la transición

La segunda gran pata del proyecto es la actualización de la Ley de Empresas de Inserción, una norma que, como explicó Espín, necesitaba una “profunda revisión tras las sucesivas crisis económicas y los cambios en los perfiles de exclusión”.

“La vulnerabilidad no puede asociarse únicamente a la pobreza o a la voluntad individual. Hay factores estructurales —como el acceso a la vivienda o la precariedad laboral— que están generando nuevos colectivos en riesgo”, subrayó.

Las novedades más relevantes en este ámbito son:

• Una nueva definición del objeto y funciones de las empresas de inserción, centradas en acompañar la transición al empleo ordinario.
• Introducción de un contrato específico de transición, que visibiliza el papel formativo y de acompañamiento de estas entidades.
• Armonización estatal de conceptos como itinerarios de inserción o ratios de personal técnico, buscando garantizar calidad en el proceso de inclusión.
• Refuerzo de los criterios de competitividad externa: “Las empresas de inserción son empresas y deben competir en igualdad de condiciones, aunque siempre desde los valores de la economía social”, remarcó la jurista.

Economía social: identidad jurídica y planificación estratégica

La tercera norma afectada es la Ley 5/2011 de Economía Social, sobre la que se plantean ajustes técnicos pero estratégicamente significativos:

• Definición de empresa social como aquella que cumple los principios de la economía social, evitando confusiones con proyectos sin base ética real.
• Refuerzo del Catálogo de Entidades de Economía Social como herramienta de transparencia y garantía.
• Inclusión del concepto europeo de “servicios de interés económico general” para facilitar la canalización de subvenciones públicas sin obstáculos jurídicos.
• Mejora de los instrumentos de planificación estratégica, en coherencia con la Segunda Estrategia Española de Economía Social, que pone el foco en las propias entidades como agentes activos del cambio.

Una ley para el presente y el futuro

La intervención de Maravillas Espín dejó clara una idea de fondo: la economía social no es una alternativa marginal, sino una pieza esencial para afrontar los desafíos económicos, sociales y ambientales del siglo XXI.

“La economía social genera empleo, y lo hace con calidad, arraigo local, impacto transformador y principios democráticos. Si vamos a introducir mecanismos digitales, tenemos que garantizar que no se pierde esa participación real que la define”, insistió.

Por eso, concluyó, esta ley “no es solo un ajuste normativo, sino un paso decisivo para que la economía social se reconozca como lo que es: una parte imprescindible de cualquier futuro más razonable que el presente que ahora vivimos”.

#DerechoDelTrabajo #EconomíaSocial #LeyEconomíaSocial #Cooperativas #UPNA #ANEL #CatedraCooperativismo