Los principios cooperativos y la liquidación societaria, a examen en la II Jornada de Derecho Cooperativo

Las intervenciones de Carlos Vargas (Universidad de Almería) y Luis Manuel Piloñeta (Universidad de Oviedo), ambos catedráticos de Derecho Mercantil, ofrecieron una visión complementaria sobre los retos actuales del derecho cooperativo: desde la relatividad práctica de los principios cooperativos hasta las cuestiones esenciales del régimen de liquidación y extinción de cooperativas.

Sus ponencias se desarrollaron en el marco de la II Jornada de Derecho Cooperativo “Un nuevo derecho para la nueva economía social”, organizada por la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Pública de Navarra, con la colaboración de Gobierno de Navarra, ANEL, Laboral Kutxa, Tafalla Iron Foundry, Liceo Monjardín, Sakana Group y Navarra Capital.

Vargas, en concreto, analizó la naturaleza, alcance y vigencia real de los principios cooperativos. Vargas recordó que, aunque la Alianza Cooperativa Internacional fija siete principios guía, su aplicación práctica debe leerse desde la relatividad organizativa, territorial y temporal, ya que “ninguna formulación universal puede ajustarse por igual a una microcooperativa, a una gran agroalimentaria, o a una entidad creada en un contexto de vulnerabilidad económica”. El profesor subrayó que, pese a su función orientativa, los principios no poseen fuerza normativa autónoma —“la ley va primero, los principios después”— y en ocasiones las propias regulaciones autonómicas los modulan, matizan o incluso contradicen en aras de la funcionalidad.

Además, repasó cada principio con mirada crítica, destacando, por ejemplo, las dificultades reales del principio de puertas abiertas, las tensiones que genera la baja voluntaria en proyectos con grandes inversiones, o la limitada concreción normativa de principios como la cooperación entre cooperativas o el interés por la comunidad. Del mismo modo, puso el acento en la importancia del principio de participación económica, que en su opinión debería centrarse en la actividad cooperativizada más que en el capital aportado. Recordó también la necesidad de actualizar periódicamente estos principios, señalando que la propia ACI trabaja ya en una revisión de su redacción para adaptarlos a los desafíos contemporáneos.

Por su parte, Luis Manuel Piloñeta abordó las cuestiones significativas del régimen de liquidación y extinción de cooperativas. Partiendo de la premisa de que “las cooperativas también fallecen”, defendió que la fase liquidatoria debe entenderse con naturalidad dentro del ciclo empresarial y gestionarse con rigor jurídico, eficiencia y transparencia. Piloñeta situó el eje de su análisis en los derechos económicos de las personas socias, a quienes —recordó— corresponde asumir tanto las pérdidas como participar “de la manera más plena posible” en los beneficios obtenidos por la actividad cooperativizada.

Este catedrático destacó que las cooperativas son sociedades mercantiles de carácter personalista, sujetas a los principios de responsabilidad limitada, a obligaciones contables específicas y a un sistema patrimonial singular que incluye fondos como el Fondo de Reserva Obligatorio o el Fondo de Educación y Promoción. Subrayó la importancia de su adecuada configuración, ya que un exceso de dotaciones irrepartibles puede provocar que, al llegar la liquidación, las personas socias no puedan recuperar el valor generado con su propio esfuerzo. De ahí que instara a repensar ciertos automatismos normativos y a reforzar figuras como las reservas voluntarias, más alineadas con el retorno cooperativo.

Piloñeta advirtió también sobre la necesidad de armonizar la dispersión legislativa existente en España, donde coexisten 17 leyes autonómicas más la estatal. Esta fragmentación —señaló— complica el estudio, aplicación y eficacia del derecho cooperativo, del mismo modo que ocurre en otros ámbitos económicos europeos con la multiplicidad regulatoria. A su juicio, una normativa básica común, acompañada de peculiaridades regionales razonables, permitiría un funcionamiento más eficiente y competitivo del modelo.

Finalmente, ambos ponentes coincidieron en reivindicar un derecho cooperativo más coherente, operativo y ajustado a la realidad empresarial, que refuerce los valores del cooperativismo sin convertirlos en obstáculos para su desarrollo. La reflexión conjunta evidenció que la evolución del modelo requiere una mirada pragmática: principios que orienten, normas claras que funcionen y un sistema de liquidación que garantice justicia y equilibrio para quienes sostienen la actividad cooperativa día a día.

 

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