LKS sitúa la autorregulación como “pilar esencial y obligatorio” de las cooperativas en la II Jornada de Derecho Cooperativo
Las abogadas de LKS Next LEGAL, firma asociada a ANEL, Oihana García y Andere Arriolabengoa subrayaron que la autorregulación es no solo la seña de identidad del modelo cooperativo sino también un deber legal, que permite a cada cooperativa definir democráticamente su propio régimen laboral y societario.
Su intervención, enmarcada en la II Jornada de Derecho Cooperativo “Un nuevo derecho para la nueva economía social” —organizada por la Cátedra de Economía Social y Cooperativismo de la UPNA, con la colaboración de Gobierno de Navarra, ANEL, Laboral Kutxa, Tafalla Iron Foundry, Liceo Monjardín, Sakana Group y Navarra Capital— analizó la evolución jurídica de la doble relación de las personas socias trabajadoras y los límites que marcan la legislación, la jurisprudencia y las normas internacionales.
A partir de ahí, Oihana García puso el foco en una de las cuestiones más relevantes del derecho cooperativo contemporáneo: cómo se articula jurídicamente la doble condición de las personas socias trabajadoras, simultáneamente titulares de derechos societarios y prestadoras de trabajo. García recordó que la vinculación entre la persona socia y la cooperativa nace de un acto voluntario de adhesión y se fundamenta en la gestión democrática, lo que la jurisprudencia —incluida la del Tribunal Supremo— ha consolidado históricamente como una relación societaria.
Esa base societaria, explicó, se complejiza en las cooperativas de trabajo asociado, donde la actividad cooperativizada es la prestación del trabajo. Esta circunstancia genera una doble vía normativa: por un lado, los estatutos, la legislación cooperativa y las decisiones de los órganos sociales; por otro, la regulación aplicable a la prestación laboral, presente sobre todo en los reglamentos de régimen interno, aprobados democráticamente por la Asamblea. García destacó que incluso cuando las leyes no lo expresan explícitamente —como ocurre en Navarra—, el propio articulado y la práctica jurisdiccional confirman este marco.
En la segunda parte, Andere Arriolabengoa analizó el principio de autorregulación, al que definió como el “pilar fundamental y diferenciador” del derecho cooperativo. Subrayó que las cooperativas no solo pueden, sino que deben regular internamente materias como jornadas, descansos, excedencias o normas de funcionamiento, tal como establece el artículo 67 de la Ley Foral de Cooperativas. Destacó también que, cuando los conflictos se dirimen ante la jurisdicción social, esta debe aplicar legislación cooperativa y normativa interna, quedando el derecho laboral como residual y solo utilizable en ausencia de regulación propia.
Arriolabengoa expuso igualmente los límites externos de la autorregulación: directivas europeas aplicables a situaciones de vulnerabilidad, convenios de la OIT, derechos fundamentales y normas específicas como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a constituir delegados y comités de seguridad y salud incluso en cooperativas solo integradas por personas socias. Estos límites, aseguró, no reducen la autonomía cooperativa, sino que permiten armonizarla con garantías jurídicas esenciales, adaptando las normas a la realidad económica y social de cada organización.
Las ponentes concluyeron que la autorregulación, ejercida democráticamente, refuerza la identidad cooperativa, ofrece mayor seguridad jurídica y permite desarrollar soluciones ajustadas a las necesidades de cada proyecto. La experiencia práctica de LKS Next LEGAL, con más de tres décadas de asesoramiento al sector cooperativo, confirma que este principio es clave para construir organizaciones sólidas, participativas y capaces de afrontar los desafíos del entorno actual.
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